Los ancianos indefensos por alzhéimer u otras enfermedades mentales están sometidos a una triple discriminación: la sanitaria, la económica y la social.

Las residencias de ancianos se han transformado en hospitales clandestinos al margen del sistema sanitario público. La mayoría de los ancianos que ingresan en una residencia lo hacen obligados por las enfermedades que padecen.

Los precios de esas residencias duplican y triplican la pensión mensual que cobran.

La sanidad pública ignora el tema, a la llamada ley de dependencia la han convertido en un caramelo, y los programas de los partidos políticos están en blanco sobre un drama que afecta a tantas familias españolas.

Para que no se pueda decir que los ancianos en las residencias tienen menos derechos que los presos en la cárcel, lo primero es acabar con los malos tratos; lo segundo, terminar con todo tipo de discriminación, y lo tercero, que ningún anciano en España pague en una residencia pública o concertada más del 75% de la pensión mensual que cobre, previas las deducciones familiares que correspondan y que, tras su fallecimiento, las deudas que pudiera tener con estas residencias sean condonadas. Todo lo cual es de justicia social elemental.— Marcelino Laruelo Roa.

Via elpais.com